El lunes 8 de septiembre, un artefacto explosivo detonó en un local de comida rápida, sobre la estación Escuela Militar del metro de Santiago.
Los presuntos implicados habrían descendido de un automóvil, e instalado el artefacto en un basurero, provocando que las esquirlas hirieran a muchas personas. Rápidamente la noticia voló por Internet y los medios
masivos oficiales hicieron un virulento festín con la acción, haciendo gala de su ?objetividad?, ?neutralidad? y ?pluralismo democrático?, apuntando a los anarquistas y hablando a destajo de ?acciones terroristas?. Desde el Estado, la presidenta Ba(chan)chellet invocaba la
Ley Antiterrorista y su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo,
imploraba a los parlamentarios y a la ciudadanía que se ?actualizara?
dicha ley con el fin de que no se cometieran errores en las detenciones
(como ocurrió con el fra-Caso Bombas). La idea era que la ley fuese
implacable, logrando dar con los ?culpables? de la instalación de la
bomba.
Hasta aquí, los hechos son conocidos por todos, sin embargo nadie se ha
detenido un segundo a analizar tal situación, ni su contexto, ni su
?historia?. Todos, tanto políticos como algunos sectores
de ?honrados?,
dormidos y alienados ciudadanos han repetido el discurso oficial: ?hay que
dar con el paradero de quien sea, ponerlo en TV, invocar la Ley
Antiterrorista, sacrificarlo por no respetar ni a dios, ni a la moral, ni
la vida humana, ni la vida del basurero ni la del local destruido (?)?
Para entender esta situación hay que remontarse al combativo 2011, donde
las protestas estudiantiles y un amplio movimiento social ocuparon las
calles, hizo frente a la represión y con la violencia enfrentó a la
violencia cotidiana del sistema -y de la policía democrática, claro-.
¿Acaso no fue así? La violencia de los encapuchados, al igual que los
bombazos tuvieron un objetivo claro: la gran propiedad del capital y del
Estado.
En muy pocas ocasiones, el ?desborde? violento atacó a la gente común. Y
cuando ocurrió, fue recurrente la participación de infiltrados policías
que ?solo hacían su trabajo? (ni que fuéramos güeones), con el fin de
suplantar las acciones, y dirigir la mirada ?ciudadana? hacia los ataques,
más que, a los objetivos del movimiento.
En ese combativo 2011, la protesta violenta como los bombazos le dolieron
en los bolsillos a los empresarios y al Estado, quienes recurrentemente
intentaron mostrarlos como ?ajenos? a las demandas, a los movimientos
sociales y a la disidencia al sistema. Quisieron mostrarlos como
criminales y delincuentes, no como los honrados empresarios y políticos
que nunca se han cagado a nadie (chaaaaaaaaaaa!).
En ese entonces, el gobierno -dirigido justamente por un empresario-,
recogió los reclamos del empresariado, que estaba muy preocupado porque la
muchedumbre le tocaba ?su? propiedad, y saqueaba AFP?s, supermercados,
bancos, empresas telefónicas, farmacias y quemaba La Polar, la misma
empresa que repactaba sin preguntar a la gente, para seguir lucrando feliz
en el paraíso del libre mercado que es $hilito S.A.
El sacrilegio que cometieron los encapuchados y quienes instalaron bombas,
consistía en atreverse a tocar la propiedad de los ricos, y -por supuesto-
en pasarse por el culo sus normas y leyes y, con dignidad, responder a
tanta violencia cotidiana ¿o acaso no es violento la micro y el metro
llenos? ¿La salud como el pico? ¿La educación de lucro dirigida por el
capital? ¿los bajos sueldos? ¿El despido por ?razones de la empresa?? ¿las
alzas? ¿La ?política de los acuerdos?, sin la gente? ¿Los periféricos
subsidios habitacionales? ¿El hecho que todo tenga que pagarse cuando
todos lo producimos nosotrxs mismxs?. Uf, creo que podríamos seguir. Todo
eso, significó que algunas y algunos se atrevieran a responderle a quienes
nos dominan y mantienen en esta democrática esclavitud moderna.