La jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos de 30 de enero de 1979, se comprometió a lograr, por sí misma, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades (autofinanciación).
“Han pasado 34 años, la iglesia católica no ha cumplido su compromiso, por lo tanto el Estado está obligado a revisar o a no cumplir este acuerdo” denuncian desde laicismo.org.
Esta organización, que aboga por un Estado laico y por la libertad de conciencia, señala -con datos del IRPF 2011, que “a la iglesia católica se le está asignando, con entregas a cuentas de más de 13 millones de euros al mes y puntualmente, por parte del Ministerio de Hacienda a lo largo de 2013, la cantidad de 247,1 millones de euros, en lugar de los 248,3 de ejercicio anterior (es decir 1,2 millones de euros menos, como consecuencia de que ha bajado el número de contribuyentes que ponen el aspa en la Declaración de la Renta)”. Cantidad que sirve para financiar a la propia Conferencia Episcopal y para pagar el culto y el clero, a través del denominado Fondo común inter-diocesano, según los datos de la memoria y presupuesto anual de la Conferencia Episcopal española.
“Esa parte de la financiación se detrae del conjunto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en base al porcentaje de contribuyentes (declaraciones individuales o conjuntas)” explican. En total fueron un 34,83%, frente al 35,71% del año anterior. “Un dato a tener en cuenta, es que todos los contribuyentes la pagan, no sólo los que ponen la cruz en ambas casilla -un 65,17% en la Renta de 2011-. Hecho que consideramos ilegal e injusto”.
También, a través del impuesto del IRPF por la asignación del 0,7% en la casilla de “fines sociales”, unas cuarenta organizaciones de la iglesia católica (ONGS, fundaciones…) se repartirán o se están repartiendo unos 120 millones de euros.
Exenciones tributarias
Las exenciones tributarias de las que disfruta la iglesia católica, según diversas fuentes y expertos consultados por laicismo.org, han podido suponer en el ejercicio de 2012 una carencia de ingresos, por parte de las diferentes administraciones del Estado, de unos 2.500 millones de euros, “cálculo aproximado, ya que al ser muy opacos los bienes reales de la iglesia católica, así como los datos que ofrecen los ayuntamientos sobre esta cuestión, hemos tenido que hacer un cálculo muy aproximado, basándonos en una media aleatoria, sobre diversos impuestos municipales -como es el del IBI (impuesto de bienes inmuebles), obras, etc.- y varios impuestos locales, autonómicos y estatales, así como el impuesto de sociedades y otros”. Además de las desgravaciones fiscales que disfrutan los particulares que hacen donaciones declaradas a la iglesia católica y a sus organizaciones sociales.
En el ámbito de la enseñanza, (curso 2012-13) para el pago de los salarios y costos sociales de unas 19.000 personas que imparten religión católica (designadas por los obispados) en lo más de 21.000 centros no universitarios, ni de régimen especial (unos 15.000 públicos y 6.000 privados concertados), la cantidad supone unos 430 millones de euros para la enseñanza pública unos 180 millones de euros para la privada concertada. Unos casos son pagados por el Ministerio de Educación y otros por las Consejerías correspondientes.
Enseñanza privada concertada
Según laicimos.org, para financiar, a los centros educativos con ideario propio (católico) la cifra aproximada que se gasta el Estado es de unos 4.000 millones de euros, a través de los módulos económicos de los conciertos educativos. “Además es previsible que conforme se vayan desarrollando los artículos 116, 117 y la 29 d. adicional de la LOE, y la privatización de la enseñanza que está en marcha, más si se aprobara la reforma de la LOE (es decir la LOMCE que pretende el Partido Popular) aumentará muy considerablemente el costo de esta financiación”.
A ello hay que sumar los apoyos directos o indirectos del Estado, como exenciones de impuestos y otros, a las Universidades católicas y a sus Fundaciones, así como el costo de la permanencia de capillas, capellanes y de profesorado que imparte teología, derecho canónico, etc. en las Universidades públicas.
Varias organizaciones de la iglesia católica son propietarias, además, de varias universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU, de la Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila) y de quince Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, once colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores.
Dentro del capítulo de la enseñanza hay que contar las cuantiosas donaciones que diversos estamentos públicos hacen a fundaciones, universitarias privadas católicas y otras entidades educativas de la iglesia. También las organizaciones de la Iglesia y la Conferencia Episcopal española reciben diversas subvenciones y donaciones de apoyo por parte del Estado, para sus editoriales y medios de comunicación.
Actividad “social”
La actividad “social” de la iglesia católica que “además de su labor de caridad, la utiliza para hacer proselitismo y propaganda católica”, se realiza a través de centenares de asociaciones, organizaciones, fundaciones, congregaciones religiosas vinculadas a la iglesia a través de sus más de 60 delegaciones diocesanas locales y de las delegaciones territoriales, tales como Cáritas o Manos Unidas y otras y los más de 3.000 centros y casas de caridad, dispensarios, casas de ancianos, discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de drogodependientes etc. a través de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y otras múltiples pertenecientes a diversas congregaciones religiosas, que reciben dinero vía subvenciones, conciertos y donaciones directas del Estado.
Este apartado podría superar los 1.900 millones de euros, según los datos que maneja laicismo.org, “aumentando en los últimos años dada la situación creciente de pobreza y de la cual el Estado no se hacen cargo, cediendo, vergonzantemente, esa responsabilidad institucional a organizaciones que en una gran mayoría son de carácter religioso (católico)”.
A ello hay que sumar las subvenciones directas y convenios con actividades hospitalarias por parte de las Consejerías de Sanidad (unos 900 millones de euros anuales). “Estos datos -añade laicismo.org- son estimados (a la baja) sobre el cálculo de centros y de algunos datos a los que se ha podido acceder, pues al proceder de diversas administraciones la cuestión es muy compleja, ya que se mezclan diversos capítulos presupuestarios”.
El Estado paga también la nómina y cargas sociales de los capellanes en hospitales (más de 800 a tiempo completo y parcial), en centros penitenciarios hay 158. El Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas cuenta con 110 capellanes de diversos niveles, que dependen del arzobispado castrense. “El estatus profesional de estos capellanes fue mejorado por orden ministerial 84/11, siendo ministra Carme Chacón. Universidades y Facultades públicas cuentan con capellanes en grados muy dispares, los datos que tenemos es que superan el centenar” aseveran. También hay capellanes en algunos cementerios (como en el de València) a cargo de presupuestos locales. El costo para el Estado central y periférico puede rondar los 50 millones de euros, anualmente.
Patrimonio
Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia, para el sostenimiento, reforma y conservación del patrimonio artístico e inmobiliario que figura en su poder, acumulado en gran medida de forma ilícita e irregular. Entre ellos, 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios, además de terrenos rústicos y urbanos, viviendas y otros bienes patrimoniales, como el oro, piedras preciosas, joyas, cuadros artísticos de enorme valor, arte sacro, etc. “Estos datos son muy complejos conocerlos en toda su magnitud, pero desde diversas fuentes deducimos que puede superar los 700 millones de euros anuales, lo que le cuesta al Estado la conservación y reparación de todo ese patrimonio” apostilla laicismo.org.
Donaciones de suelo público y subvenciones de carácter local: Cesión de suelo público y donaciones directas e indirectas, por parte de ayuntamientos a Obispados para lugares de culto o para la denominada “obra social” o la enseñanza. Pagos diversos de los gastos varios de algunas casas parroquiales e iglesias. Gastos, de ayuntamientos, en carteles, anuncios en prensa y radio y programas de mano para eventos religiosos y donaciones a cofradías (semana santa y otros desfiles procesionales, ofrendas florales, romerías, fiestas religiosas, etc.); costos extras de fuerzas de orden público, bandas de música y servicios de limpieza para todo tipo de eventos religiosos, etc. “En estos apartados los gastos son incalculables” aseguran.
“Las subvenciones de las CCAA y entidades locales a organizaciones y asociaciones ligadas a la iglesia católica, en algunos casos muy radicales e integristas, puede superar un montante de varios decenas de millones de euros anuales en el conjunto del Estado. Este apartado, no ha podido ser contabilizado en su totalidad, por su magnitud y dispersión, figurando sólo una cantidad muy aproximada (300 millones de euros)” advierten en laicismo.org.
Por otra parte, según datos de la propia Conferencia Episcopal, la desgravación fiscal de los donativos y limosnas que la iglesia católica recibe por parte de empresas o fieles, supera en más de un 50% lo que reciben por el IRPF. Las donaciones a la Iglesia Católica desgravan un 25% del IRPF (caso de personas físicas), y un 35% del Impuesto de sociedades (caso de personas jurídicas). “Porcentaje que Hacienda devuelve a los donantes y que supone un extraordinario montante de euros que deja de ingresar el Estado” según indica laicismo.org.
Desde laicismo.org denuncian que la iglesia católica anualmente “agranda su patrimonio apropiándose de inmuebles sin aparentemente dueño”. “Como consecuencia de una Ley (mejorada para la Iglesia en 1998) -continúan- que permite a los Obispos Diocesanos registrar a su nombre inmuebles, tales como templos, cementerios, tierras o casas sacerdotales, viviendas y otros bienes que, podrían carecer de títulos de propiedad y que habían sido financiadas, en su día, por los ciudadanos, por un ayuntamiento o que no hay herederos conocidos. Por la vía de las inmatriculaciones las cifras que se barajan son de miles de bienes”.
Fuente: Laicismo.org