SOBRE LAS DETENCIONES
DEL 28N
EL ESTADO Y EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA
EL ESTADO Y EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA
«El origen del Estado y
su razón de ser estriba en el hecho de que trabaja en favor de la
minoría privilegiada y en contra de los desposeídos.»
Piotr Kropotkin
Hace pocas semanas llegó
a nuestros oídos que una veintena de militantes de diversos
colectivos del espectro anticapitalista fueron detenidos en
sus casas o en sus puestos de trabajo. Fueron acusados de lesiones,
daños y delitos contra los derechos y las libertades fundamentales
por el supuesto asalto a una asociación carlista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el 20 de noviembre.
La mayor parte de las personas que han sido involucradas en este
hecho ni siquiera estuvieron presentes en ese lugar en este 20N del
2013. La prensa no tardó en reforzar la caza policial y
justificarla, usando adjetivos como radicales, violentos,
extremistas, independentistas, antisociales o anarcosindicalistas.
Mientras tanto, Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid
se recochinea de las detenciones a través de su perfil de Twitter.
Fueron puestos en libertad al día siguiente con cargos, pendientes
de un juicio que no llegará hasta dentro de 2 o 3 años, dejando esa
carga sobre sus espaldas.
Sin embargo cuando apagas
la televisión, cierras el periódico o cierras la página de
Internet de cualquier medio de los grandes grupos de información, y
sales a la calle, no ves a esos bárbaros que merecen ser metidos en
prisión, como exponen muchos ignorantes llenos de soberbia en los
foros, desde el anonimato de Internet. Ves a gente humilde y obrera,
jóvenes sin trabajo y sin posibilidad de poder estudiar, cuyo futuro
ya está siendo sentenciado: o la mendicidad o la cárcel.
Lo que tiene en común la
mayoría de esta gente es su pertenencia a movimientos sociales y a
colectivos cuya finalidad no es otra que la superación del
capitalismo. Compañeros/as libertarias/os, mujeres de colectivos
feministas, organizaciones anticapitalistas diversas, hinchas de
equipos de fútbol cuya práctica política y social va mucho más
allá de quedarse sentado/a en la grada de cualquier estadio. El
resto simplemente son jóvenes humildes.
Actualmente, nos
encontramos en un contexto económico internacional donde el
capitalismo está envuelto en una nueva crisis cíclica que está
permitiendo su reestructuración. Para ello desde la Unión Europea y
otros organismos creados por la ONU, como el FMI, se ha apostado por
imponer nuevas políticas que destruyan el modelo del Estado del
Bienestar imperante desde el final de la 2º Guerra Mundial,
sustituyéndolo por un modelo totalmente neoliberal en el que todos
los servicios que eran gestionados por el estado y de interés común
para la población sean gestionado por las empresas privadas, creando
un modelo de negocio mercantilista al servicio del interés del
crecimiento y la solvencia empresarial, y no al servicio del interés
colectivo.
Con la imposición del
renovado capitalismo, el estado necesita reforzase, por eso estas
detenciones se realizaron dentro del marco de aprobación de un nuevo
Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en el que el estado ha
querido demostrar que nadie está a salvo de su control. De manera
aleatoria, con ayuda de los supuestos agredidos, han escogido a unas
20 personas al azar dentro de sus ficheros, con la excusa de un
incidente en la Facultad de Derecho de la UCM, para enjuiciar y
criminalizar. Esto demuestra que la policía cuenta con listas negras
de personas a las que practica seguimientos y, aprovechando cualquier
margen, puede incurrir en la detención y acusación para la
anulación a través del miedo y la coacción de la persona y su
entorno (familiares, amigos/as u organizaciones). Mientras, para
reforzar el miedo en el resto de la población, los medios de
información seguirán criminalizando y promocionando los
nacionalismos, el racismo, y la confrontación y desconfianza entre
los/as desposeídos/as.
Aunque actualmente en
España los movimientos sociales y en este caso el Anarquismo no
presenten una amenaza seria para este país, el gobierno tiene miedo.
En otros países los movimientos anarquistas que pretenden superar al
estado y al capitalismo están mucho mejor organizados y son mucho
más combativos, y saben muy bien que el internacionalismo es una
herramienta muy poderosa de organización que supera las fronteras.
Eso es lo que no quiere el gobierno español, y por ello usa sus
mejores herramientas para defenderse a sí mismo y a todos los
privilegiados: la violencia y la coacción. Así lo define Max Weber
en su libro «La ciencia como vocación, la política como vocación»,
en el que define al Estado como «Una entidad que detenta el
monopolio de la violencia y los medios de coacción», definición
que es fundamental en la ciencia política moderna y en la filosofía
del derecho.
Según Weber, el estado
para monopolizar el uso de la violencia (policial y militar),
necesita cierta legitimación. Para ello, en el caso de España, el
estado constitucional se sirve de la Carta Magna como símbolo
sagrado de base, unidad y legislación, y se sirve de llamar a la
población a acudir cada 4 años a las urnas, para legitimar
constantemente la forma de estado y el sistema económico
capitalista, y para retroalimentarse constantemente. Con ello la
población cede su capacidad de decisión a un poder al que tendrá
que subordinarse durante la siguiente legislatura, sea o no coherente
su voto con la proposición hecha por el partido de turno. Así, a
través de la legitimación carismática, se acepta subordinarse a un
líder, el cual no es más que la cabeza visible de todo un entramado
de marketing, asesores, abogados, economistas y demás profesionales
que buscan, con la legitimación establecida, imponer las políticas
económicas dictadas desde los principales organismos europeos,
reforzar y mantener los privilegios de los empresarios y agrandar sus
riquezas a costa de la explotación ajena, y proteger a todos
aquellos que viven de parasitar en las instituciones del estado.
Y así, mientras se
refuerzan las políticas privatizadoras, se potencia la temporalidad
y la destrucción de empleo, se elitiza el acceso a la Universidad,
la tasa de paro llega a casi el 30%, la gente se suicida porque son
expulsados de sus casas, existe una tasa de pobreza infantil de más
del 27%, número mayor de personas desesperadas cae en la
drogadicción. Y a todo aquel que no se resigna se le criminaliza,
extorsiona y encarcela.
«Ninguna legislación
tuvo otro fin que consolidar un sistema de despojo del pueblo
trabajador por medio de la clase dominante.»
Mijail Bakunin
Los gobiernos de turno en
el poder no han hecho otra cosa que proclamar el fin de la crisis
para dentro de muy poco. Así, el último en vaticinar el fin ha sido
el Ministro de Hacienda, que ve que se saldrá de la recesión en
2014. Pero sin embargo, el gobierno invierte cada vez más en
armamento antidisturbios. Los últimos juguetes de los que disfrutará
la policía serán camiones blindados lanzadores de agua, tal y como
establece el BOE del lunes 16 de diciembre del 2013 (sec. V-A, pág.
63408). Si el gobierno continúa gastando más en material
antidisturbios que en gastos sociales, no es más que para blindarse,
ya que la supuesta crisis no remitirá, sino que se agravará aún
más, como se ha demostrado hasta ahora. Y mientras tanto, el
gobierno, no contento con gastar material antidisturbios, se
preparara para desenfundar otra reforma laboral para 2014 que
flexibilizará aún más la contratación, hasta que llegue el punto
de anular al movimiento obrero en una futura Ley de Huelga que piden
tanto los empresarios como Europa.
Hasta entonces, el
siguiente paso es el de endurecer la legislación penal a través de
la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual refuerza aún más la
represión contra los movimientos políticos y sociales que pretendan
simplemente exponer sus ideas en la calle o de manera escrita, con la
única justificación de que es por nuestra libertad y nuestra
seguridad.
Así se establecen como
infracciones muy graves la reunión, concentración o manifestación
que no sean comunicadas o que se realicen en periodos de campaña
electoral, manifestarse en el congreso, senado o parlamentos
autonómicos, acciones indeterminadas que dificulten el ejercicio de
un funcionario, la «perturbación» del orden en un acto de campaña
electoral, la ofensa a España y cualquiera de sus símbolos, el uso
de cualquier manifestación pública escrita o verbal en cualquier
medio de difusión para este fin, el uso de banderas, símbolos o
emblemas que inciten a la alteración de la seguridad. Si lo anterior
puede parecer algo muy acorde con cualquier tipo de sistema
totalitario, la paranoica obsesión que tiene el gobierno actual
contra los movimientos sociales llega hasta tal punto de multar por
poner una mesa en la calle o hacer deporte en la calle. Así, las
multas según las infracciones de turno serán:
Multa de 100 a 1.000 €
por infracciones leves.
Multa de 1.001 a 30.000 €
por infracciones graves.
Multa de 30.001 a 600.000
€ por infracciones muy graves.
Además, para facilitar
aún más las cosas, el gobierno pretende otorgar a la seguridad
privada más competencias y autoridad, creando un cuerpo precario,
parapolicial privado, de mercenarios con muy poca formación, que
podrá acceder a los registros policiales, cachear y detener a la
libre voluntad de las exigencias de la empresa. Así se cumple el
sueño de muchas de estas empresas, ligadas la gran mayoría a la
extrema derecha (como en el caso de Levantina de Seguridad y España
2000), las grandes empresas de contratas salpicadas por diversos
escándalos de corrupción en el seno del PP, u otras empresas
ligadas a otros partidos políticos como el PNV (Bizla de Seguridad).
Así
pues, los objetivos que tienen el gobierno y el capitalismo con esta
legislación, es: blindarse a través de una intervención opresiva
por el temor al auge de los movimientos sociales y políticos, crear
un marco de impunidad judicial para quienes ejecuten estas
normativas, avanzar y consolidar la privatización, extorsionar y
aislar a los/as obreros/as conscientes y combativos/as, y crear miedo
y apatía en toda la población.
Así el gobierno
demuestra otra vez más que el ejercicio de derechos y libertades
basado en los lemas de la Revolución Francesa, y la Carta Universal
de los Derechos Humanos que pensamos que se obtuvieron en la
Transición española gracias a la gloria y grandeza del pacto y la
reforma, no son más que una imagen ficticia de un estado totalitario
y podrido cualquiera, y un sistema económico cuyas raíces se
asientan en el sudor y la desesperación de una humanidad sometida
perpetuamente a la esclavitud del trabajo asalariado, a los dueños
de las grandes empresas y a los parásitos de las instituciones de
los estados.
Grupo Anarquista Tierra
Federación Anarquista
Ibérica (FAI)
Internacional de
Federaciones Anarquistas (IFA)