3.200 personas han sido sancionadas por su participación en las manifestaciones celebradas durante los años 2012 y 2013 en la calles de las ciudades españolas, lo que supone el pago de 587.000 euros a los manifestantes expedientados por la ley mordaza. En Asturias se han incoado 66 casos a personas que han salido a la calle a reclamar sus derechos. Por ello el Estado les pide casi 19.000 euros. Nuevamente se utiliza la ley contra el pueblo trabajador al que se le reprimen sus protestas por su situación socioeconómica a base de multas que no podrá pagar. El resultado es que nadie saldrá a la calle a protestar, salvo los ricos.
Madrid, con gran diferencia, se lleva la palma en la estadística de multas y dinero reclamado. Según los datos obtenidos por eldiario.es de las delegaciones de Gobierno, el total de expedientes sancionadores fue de 3.249 y el dinero reclamado por el Ejecutivo alcanza la cifra de 587.432 euros.
La delegación de Gobierno madrileña, dirigida por Cristina Cifuentes, ha incoado el 43% de los expedientes a nivel nacional y reclama el 60% del dinero total impuesto a cobro en concepto de multas. Los expedientes abiertos por el Gobierno se refieren a posibles incumplimientos en la Ley orgánica 1/1992 sobre protección de seguridad ciudadana. Se trata de sanciones relacionadas con defectos en la comunicación de las protestas a la Delegación de Gobierno.
En el caso de Madrid, las sanciones se multiplicaron en 2012 un 900% con respecto al año anterior. Fuentes de la Delegación de Gobierno explican que el número de manifestaciones no comunicadas en ese año fue de 734, una cifra muy superior a las 340 del 2011, lo que explicaría el incremento de expedientes sancionadores a los convocantes o a los asistentes a las mismas.