Los represores, que provocaron desorden público, atentaron contra la autoridad popular y causaron lesiones por decenas, acusan de esos delitos a otrxs.
Once personas han sido detenidas y otras nueve imputadas en una operación policial abierta contra los que participaron en la enorme manifestación de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo, posteriormente reprimida sin motivos y sin contemplaciones por la Policía. Ese día hubo 21 detenidos, uno de los cuales, Miguel, injustamente sigue en prisión preventiva.
Según fuentes cercanas a varios detenidos, así como las redes sociales, estas personas se encontraban en ese momento en su casa o en su puesto de trabajo. La Policía, decidida a sentar un precedente represivo para aquellos que en un futuro (más cercano que lejano) decidan participar en nuevas marchas millonarias, informa que la operación se encuentra todavía en una primera fase y continua abierta por lo que se esperan más detenciones.
Todas las actuaciones represivas se han llevado a cabo en Madrid y se trata en todos los casos de personas mayores de edad, a los que se les acusa de delitos de desordenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.
La operación ha recibido el nombre de Puma 70, en alusión al grupo de antidisturbios que provocó los mayores desmanes entre el más de un millón de participantes en la marcha. Luego, el exceso de anfetamina les llevó a quedar rodeados en el Paseo de Recoletos y recibir de los manifestantes la respuesta a sus ataques.
Varios de los detenidos habían sido ya llamados a declarar ante el juez el próximo 10 de abril, según informan fuentes cercanas, por lo que sus abogados no entienden el porqué de los arrestos, a menos que se deba a la difusión de fotos y vídeos donde se ve claramente que los policías no controlaban sus propios actos y tomaban decisiones suicidas. Ellos o sus mandos políticos.
Las autoridades, prestas como siempre a encasillar a todo el que se sale del guión, para tranquilizar a los que miran desde su campana de cristal, asegura que los detenidos en esta operación son "anarquistas, antifascistas y bukaneros".
Además, sin sonrojarse, insisten en que para la identificación de los detenidos e imputados ha sido determinante la "colaboración ciudadana". Si eso fuera verdad, sería el argumento definitivo para demostrar que no son ni anarquistas, ni antifascistas, ni bukaneros.